El proyecto de ley, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones, con el objeto de establecer la necesidad de autorización municipal para la instalación de antenas de servicios de telecomunicaciones, ingresó este miércoles a trámite en la Cámara de Diputados.
En la actualidad, en el Congreso Nacional se tramitan la siguiente cantidad de mociones que buscan regular las antenas telefónicas:
- Moción de los diputados René García, Carlos Montes y Jorge Ulloa y de los ex diputados Gustavo Alessandri, Felipe Letelier, Juan Pablo Letelier, Jaime Naranjo, Cristián Pareto y Ezequiel Silva (Boletín N° 2532-15).
- Moción del diputado Julio Ditborn y de los ex diputados Gonzalo Ibañez, Víctor Pérez, y Lily Pérez (Boletín N° 2533-15).
- Moción de los senadores Antonio Horvath y Baldo Prokurica (Boletín N° 3150-12).
- Moción del ex diputado Leopoldo Sanchez (Boletín N° 3311-11).
- Moción del ex diputado Gonzalo Ibáñez (Boletín N° 3938-09)
- Moción de los diputados Patricio Hales Dib, Rodrigo González Torres y Gonzalo Uriarte Herrera (Boletín Nº4012-15),
- Moción del diputado Rodrigo Alvarez, Sergio Bobadilla, Julio Dittborn, Marcelo Forni, Juan Lobos, Iván Norambuena, Gonzalo Uriarte y Felipe Ward y Marisol Turres y Nogueira (Boletín N° 4316-15).
- Moción del diputado Maximiano Errázuriz (Boletín N° 4378-09).
- Moción de los diputados Rodrigo Alvarez - Pedro Alvarez Salamanca, Francisco Chahuan, René García, Osvaldo Palma, Roberto Sepúlveda, Alfonso Vargas y Jorge Verdugo (Boletín N° 4388-12).
- Moción de las diputadas Clemira Pacheco y Denise Pascal (Boletín N° 4422-15).
- Moción de los diputados Alfonso De Urresti, René García, Rodrigo González, Iván Paredes, Jaime Quintana, Jorge Sabag y Samuel Venegas (Boletín N° 4443-14).
Estas mociones persiguen como objetivo fundamental hacer frente al impacto urbanístico que produce la instalación de antenas de servicios de telecomunicaciones y los eventuales riesgos para la salud asociados a sus emisiones radioeléctricas.
Para ello, las mociones proponen una serie de mecanismos de control previo aplicable a la generalidad de las edificaciones y obras.
Así, se propone, por ejemplo, otorgar nuevas atribuciones a la Subsecretaría de Telecomunicaciones para exigir el cumplimiento de la normativa técnica para el emplazamiento de las antenas mencionadas; establecer exigencias de una altura mínima para la instalación de las antenas de telefonía móvil; fijar limitaciones al número de torres por concesionario o por kilómetro cuadrado; y establecer el deber de publicidad acerca de la instalación de las antenas.
Otras mociones prohíben la instalación de una antena a menos de 200 metros de un establecimiento educacional y otras obligan a los proyectos de telefonía móvil que contemplen la instalación de antenas, a que se sometan al sistema de evaluación de impacto ambiental que establece el artículo 10 de la ley Nº 19.300.
El mensaje señala que el Gobierno valora las iniciativas mencionadas y comparte tanto la preocupación que las inspira, como sus propósitos, en cuanto ponen de relieve los objetivos principales de una regulación sobre sistemas de emisión electromagnética. Por ello, las ha considerado en la formulación del proyecto de ley.
Una de estas iniciativas - la moción parlamentaria de los diputados Patricio Hales Dib, Rodrigo González Torres y Gonzalo Uriarte Herrera (Boletín N° 4012-15)- propone eliminar de la Ley General de Urbanismo y Construcciones la posibilidad de eximir -a través de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones- de la exigencia del permiso previo de la Dirección de Obras Municipales respectiva, a las "antenas emisoras o trasmisoras para servicios telefónicos, antenas de intercomunicación de cualquier tipo ni antenas de señales radio eléctricas, así como sus soportes y elementos rígidos y adicionales, aunque se trate de instalaciones accesorias a otra edificación".
Según sus ideas matrices, esta moción tiene como objetivo fundamental hacer frente al impacto urbanístico que produce la instalación de antenas de servicios de telecomunicaciones y también a los eventuales riesgos para la salud asociados a sus emisiones radioeléctricas. Para ello, se propone contar con el mecanismo de control previo aplicable a la generalidad de las edificaciones y obras, como es el permiso de la Dirección de Obras Municipales.
El Ejecutivo estima que el instrumento administrativo asociado al control urbanístico que esta moción propugna, puede ser el mecanismo idóneo para una adecuada regulación de la materia.
Sin embargo, agrega que la iniciativa precisa de algunos complementos indispensables para garantizar la compatibilidad entre el adecuado funcionamiento de los servicios de telecomunicaciones -hoy en día un servicio de primera necesidad para los chilenos- y la inserción urbana de las estructuras que permiten la instalación de estos servicios.
Ello hace necesario impulsar un proyecto de ley a través de un Mensaje presidencial, pues dichos complementos constituyen materias de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, señala la iniciativa del gobierno.
Miércoles 18 de Abril de 2007
